Sí, una escuela puede establecer reglas para evitar que los teléfonos celulares interfieran con las clases, la convivencia y el aprendizaje, pero eso no significa que cualquier plantel pueda imponer cualquier prohibición o sanción. En México, el debate nacional de 2026 todavía está abierto: la SEP prepara una propuesta de regulación después de escuchar a docentes, familias, especialistas y autoridades, mientras en el Congreso existen iniciativas para incorporar restricciones directamente a la Ley General de Educación.
¿La SEP ya prohibió los celulares en todas las escuelas de México?
No existe, hasta ahora, una prohibición federal general en vigor que pueda resumirse simplemente como “ningún alumno puede llevar celular a ninguna escuela del país”.
Lo que sí existe es una discusión institucional avanzada.
El 28 de julio, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que el debate debe ir más allá de prohibir teléfonos celulares dentro de las escuelas y analizar también cómo los dispositivos, plataformas y algoritmos afectan los hábitos y conductas de niñas, niños y adolescentes.
La SEP ya había abierto desde marzo un diálogo sobre el uso de dispositivos digitales en educación básica. La subsecretaria Noemí Juárez sostuvo entonces que las normas que eventualmente se adopten deben ser congruentes con los principios educativos y con el uso responsable de la tecnología.
Por tanto, hay que distinguir:
una discusión gubernamental sobre regular los celulares no equivale todavía a una prohibición nacional definitiva.
Entonces, ¿puede una escuela decir “durante la clase no se usa celular”?
Sí puede establecer reglas de convivencia y organización académica que limiten las distracciones durante las actividades escolares, dentro del marco normativo que le corresponda.
Un profesor puede necesitar que durante una explicación los estudiantes no estén enviando mensajes, viendo videos o utilizando redes sociales.
Eso forma parte de la organización de la actividad educativa.
Pero existe una diferencia entre:
“Guarda el teléfono durante la clase”
y
“Está prohibido poseer un teléfono y la escuela puede quedárselo indefinidamente”.
La primera es una regla de funcionamiento del aula.
La segunda plantea cuestiones distintas sobre proporcionalidad, resguardo del bien, procedimientos escolares y derechos del estudiante y de su familia.
¿Quién debería decidir las reglas?
No existe un solo actor.
La política nacional involucra diferentes niveles:
| Actor | Papel |
|---|---|
| SEP | Define política educativa federal y puede emitir lineamientos dentro de sus competencias |
| Autoridades educativas estatales | Aplican y desarrollan reglas dentro de su ámbito |
| Escuelas y directivos | Organizan la convivencia y funcionamiento cotidiano conforme a las normas aplicables |
| Docentes | Determinan necesidades pedagógicas dentro del aula |
| Madres, padres y tutores | Participan en la comunidad educativa y deben conocer las reglas |
| Estudiantes | Son directamente afectados y sus derechos deben ser considerados |
| Congreso | Puede modificar la Ley General de Educación y establecer obligaciones generales |
La propia SEP anunció que escuchará opiniones de madres, padres, tutores, familias, directivos y docentes para construir su iniciativa de regulación.
Eso apunta a un modelo diferente de simplemente ordenar desde una dirección escolar:
“mañana quedan prohibidos todos los teléfonos”.
¿Qué está preparando la SEP?
La Secretaría está construyendo una política sobre el uso de dispositivos y redes sociales entre niñas, niños y adolescentes.
El gobierno ha planteado que la discusión no debe concentrarse exclusivamente en el aparato físico.
¿Por qué?
Porque retirar el celular durante seis horas de escuela no resuelve necesariamente lo que ocurre durante el resto del día.
La SEP quiere analizar el impacto de:
- redes sociales;
- algoritmos;
- tiempo frente a pantallas;
- hábitos digitales;
- concentración;
- convivencia;
- desarrollo;
- y utilización educativa de la tecnología.
El 21 de julio, Mario Delgado anunció además foros regionales para continuar la discusión. El primero estaba programado para el 19 de agosto en Nuevo León, seguido por encuentros el 3 de septiembre en Chiapas y el 17 de septiembre en Guerrero.
Es decir, al publicarse esta nota, la regulación nacional todavía se encuentra en construcción.
¿El Congreso quiere prohibir los celulares?
Hay legisladores que sí han presentado propuestas para establecer restricciones mediante la Ley General de Educación.
Por ejemplo, una iniciativa publicada en marzo de 2026 propone que en planteles de educación básica se prohíba utilizar teléfonos, tabletas y otros dispositivos durante el horario escolar, con excepciones para actividades pedagógicas y emergencias.
Otra iniciativa presentada durante 2026 plantea moderar el uso de dispositivos y contempla excepciones por:
- fines pedagógicos;
- emergencias;
- necesidades médicas;
- y determinadas necesidades educativas.
Pero aquí aparece una regla básica para leer cualquier noticia legislativa:
una iniciativa no es una ley vigente.
Presentar una propuesta en el Congreso no significa que ya se aplique en todas las escuelas.
¿Qué dice actualmente la Ley General de Educación sobre tecnología?
La legislación vigente no parte de la idea de que la tecnología sea incompatible con la educación.
Al contrario.
El artículo 84 de la Ley General de Educación establece que las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital deben utilizarse para fortalecer los modelos pedagógicos, la innovación y las habilidades digitales.
La ley señala además que esas tecnologías funcionan como complemento de otros materiales educativos.
El artículo 85 contempla una Agenda Digital Educativa que incluye, entre otros objetivos, el uso responsable de las tecnologías.
Esto produce una tensión interesante:
la política educativa necesita reducir las distracciones provocadas por los dispositivos sin convertir la alfabetización digital en algo ajeno a la escuela.
¿Puede un maestro pedir que guardes el teléfono?
Sí, cuando su utilización interfiere con una actividad académica y la medida corresponde con las reglas aplicables en el plantel.
También puede ocurrir lo contrario.
El profesor puede solicitar utilizar un teléfono, tableta o computadora como herramienta pedagógica.
Por ejemplo:
- consultar una fuente;
- utilizar una aplicación educativa;
- realizar una actividad interactiva;
- producir contenido;
- utilizar una calculadora;
- investigar información;
- desarrollar habilidades digitales.
La propia Ley General de Educación reconoce el valor pedagógico de las tecnologías.
Por eso, una regulación nacional podría distinguir entre:
uso recreativo durante clase y uso académico autorizado.
¿La escuela puede quitarle el celular a un estudiante?
Ésta es una pregunta distinta a limitar su utilización.
Una escuela puede establecer mecanismos para hacer cumplir sus normas de convivencia, pero cualquier medida de resguardo debería estar sustentada en las reglas aplicables y comunicada previamente a estudiantes y familias.
Una cosa es pedir:
“apágalo y guárdalo”.
Otra es:
“entrégamelo”.
Y otra muy distinta:
“la escuela se quedará con él varios días”.
Mientras mayor sea la intervención sobre el dispositivo, más importante resulta que exista un procedimiento claro sobre:
- quién puede recibirlo;
- dónde queda resguardado;
- cuánto tiempo;
- quién puede recuperarlo;
- cómo se registra la entrega;
- y qué ocurre si se pierde o resulta dañado.
Una iniciativa legislativa presentada este año contempla precisamente que las autoridades desarrollen protocolos de resguardo seguro cuando se establezcan restricciones.
Pero nuevamente: esa propuesta legislativa no debe confundirse con una regla federal ya vigente.
¿Un profesor puede revisar el contenido del teléfono?
Limitar el uso de un aparato no equivale automáticamente a tener autorización para revisar su contenido privado.
El teléfono puede contener:
- conversaciones;
- fotografías;
- correos;
- documentos;
- datos personales;
- información familiar;
- cuentas y contraseñas.
Por eso, entregar temporalmente un dispositivo para cumplir una regla escolar y permitir que otra persona examine libremente su contenido son cuestiones diferentes.
Una política escolar sobre teléfonos debería dejar clara esa diferencia.
¿Qué pasa si el estudiante necesita el teléfono por razones médicas?
Éste es precisamente uno de los casos que aparecen repetidamente como excepción en las propuestas regulatorias.
Algunas tecnologías pueden utilizarse para necesidades relacionadas con salud, discapacidad o adaptaciones educativas.
Las iniciativas discutidas en el Congreso han contemplado expresamente excepciones de esta naturaleza.
Una prohibición rígida que ignore esas situaciones podría generar un problema mayor del que intenta resolver.
¿Y si ocurre una emergencia?
También es una de las principales excepciones consideradas en las propuestas.
Una familia puede querer que su hijo lleve teléfono por seguridad durante:
- el trayecto a la escuela;
- transporte público;
- salida del plantel;
- emergencias familiares;
- fenómenos naturales.
Eso no implica necesariamente que el estudiante necesite tener el dispositivo activo durante una clase.
Una política puede establecer, por ejemplo, que permanezca apagado o guardado y habilitar canales institucionales para emergencias.
De hecho, una de las iniciativas federales plantea que las escuelas garanticen mecanismos de comunicación de emergencia aun cuando el uso cotidiano del dispositivo esté restringido.
¿La prohibición debería incluir también el recreo?
Éste es uno de los puntos todavía discutibles.
Hay propuestas legislativas que han planteado restricciones durante toda la jornada escolar, incluidos los recesos.
Otras formulaciones se concentran especialmente en las clases.
La diferencia no es menor.
Prohibir el celular mientras un maestro explica una materia busca proteger la concentración académica.
Prohibirlo durante el recreo agrega otro objetivo:
favorecer convivencia presencial y reducir exposición a pantallas durante toda la jornada.
Cuál de esos modelos terminará formando parte de una eventual política nacional es precisamente una de las cuestiones todavía por definir.
¿Las reglas deberían ser iguales para primaria y preparatoria?
No necesariamente.
Una regulación puede considerar:
- edad;
- autonomía;
- nivel educativo;
- necesidades académicas;
- riesgos digitales;
- madurez;
- tipo de actividades;
- necesidades de comunicación.
No es lo mismo regular el teléfono de un alumno de primaria que el de un estudiante próximo a concluir el bachillerato.
La política que se construya tendrá que resolver hasta qué punto debe existir una regla nacional uniforme y cuánto margen conservarán las autoridades educativas y comunidades escolares.
¿Por qué la SEP dice que prohibir celulares no es suficiente?
Porque el problema digital no empieza cuando el alumno entra a la escuela ni termina cuando sale.
El secretario Mario Delgado señaló que el análisis debe incluir cómo plataformas y algoritmos modifican hábitos, conductas y rutinas.
La Secretaría también ha planteado construir una cultura digital de uso consciente, crítico y responsable.
Eso cambia la pregunta.
En lugar de solamente:
“¿quitamos los teléfonos?”
la discusión pasa a ser:
“¿cómo enseñamos a utilizarlos?”
¿Qué debería contener una buena regla escolar sobre celulares?
Independientemente de lo que finalmente determine la regulación federal, una norma clara debería responder preguntas concretas:
- ¿Se puede llevar teléfono a la escuela?
- ¿Cuándo debe permanecer apagado?
- ¿Puede utilizarse durante el recreo?
- ¿Cuándo puede autorizarlo un docente?
- ¿Qué ocurre en una emergencia?
- ¿Qué excepciones existen por salud o discapacidad?
- ¿Qué sucede si un alumno incumple?
- ¿Puede resguardarse temporalmente el aparato?
- ¿Quién responde mientras está bajo resguardo?
- ¿Cómo y cuándo se devuelve?
- ¿La escuela puede revisar su contenido?
- ¿Cómo se informa la norma a las familias?
Una regla que solamente diga “prohibidos los celulares” deja abiertas demasiadas situaciones cotidianas.
¿Quién debe responder si el celular se pierde mientras está resguardado?
Ésta es precisamente una de las razones para que existan protocolos.
Si una escuela decide recibir temporalmente un aparato, debería establecer mecanismos que permitan identificar:
quién lo recibió + cuándo + dónde quedó + quién lo devolvió.
Sin ese procedimiento pueden surgir controversias sobre pérdida, daños o intercambio accidental de dispositivos.
La propuesta legislativa que contempla protocolos de resguardo muestra que este problema ya está dentro de la discusión regulatoria.
¿Qué pasa con las escuelas privadas?
Las escuelas particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional también están sujetas a las normas educativas que les resulten aplicables, aunque pueden contar con reglamentos internos.
La Ley General de Educación incluye dentro de su regulación tecnológica tanto la educación impartida por el Estado como la de particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial.
Por tanto, un reglamento privado no convierte al plantel en un espacio ajeno a las disposiciones educativas generales ni a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Lo publicado y lo que falta decidir
La edición de El Universal del 18 de agosto aborda el debate sobre el uso de dispositivos y la participación de la comunidad educativa en la discusión.
A partir de la información oficial disponible podemos separar así el escenario:
| Afirmación | Situación |
|---|---|
| La SEP analiza regular los celulares en las escuelas | Sí |
| Ya existe una prohibición federal absoluta para todas las escuelas | No en los términos de las propuestas actualmente debatidas |
| La SEP realizará consultas y foros | Sí |
| Padres y docentes serán escuchados | Sí |
| Existen iniciativas en el Congreso para restringir celulares | Sí |
| Una iniciativa presentada ya equivale a una ley | No |
| La Ley General de Educación reconoce usos educativos de la tecnología | Sí |
| Podrían existir excepciones pedagógicas | Sí, están contempladas en propuestas y son congruentes con el marco educativo vigente |
| Se contemplan excepciones por salud o discapacidad | Sí, en distintas iniciativas |
| La regulación definitiva ya está cerrada | No |
| Una escuela puede revisar libremente los mensajes de un alumno sólo porque usa el teléfono | No se desprende de una regla que simplemente limite el uso del dispositivo |
Preguntas frecuentes
¿Mi escuela puede prohibirme usar el celular durante una clase?
Puede establecer reglas para evitar que el dispositivo interfiera con las actividades académicas, conforme a las normas educativas y de convivencia aplicables.
¿La SEP prohibió los celulares para el ciclo 2026-2027?
Hasta este 18 de agosto, la SEP está desarrollando una discusión nacional y preparando una propuesta de regulación; no debe confundirse ese proceso con una prohibición federal absoluta ya vigente.
¿Puedo llevarlo apagado en la mochila?
Dependerá de las reglas aplicables en cada sistema y plantel mientras no exista una disposición nacional distinta. Las propuestas legislativas todavía discuten desde restricciones durante las clases hasta modelos que abarcan toda la jornada.
¿Puede utilizarse para estudiar?
La legislación educativa reconoce el uso pedagógico de tecnologías digitales y varias propuestas de restricción incluyen excepciones cuando el docente autoriza su utilización.
¿Qué pasa si necesito el teléfono por una cuestión médica?
Las propuestas actualmente discutidas contemplan excepciones relacionadas con salud, discapacidad y necesidades educativas.
¿Puede un maestro quedarse con mi celular?
El cumplimiento de las normas puede incluir mecanismos de resguardo cuando éstos estén previstos, pero debería existir claridad sobre quién recibe el dispositivo, cuánto tiempo se conserva y cómo se devuelve.
¿Puede revisar mis conversaciones?
Una restricción sobre utilizar el teléfono no constituye por sí misma autorización para inspeccionar libremente el contenido privado almacenado en él.
¿Quién tendrá la última palabra?
Dependerá del alcance de la regulación que finalmente se adopte. El Congreso puede modificar la ley; la SEP y autoridades locales tienen competencias regulatorias y de aplicación; las escuelas organizan su funcionamiento cotidiano dentro de ese marco.
México todavía no ha resuelto el debate con un simple “celulares sí” o “celulares no”.
La Ley General de Educación reconoce que las tecnologías digitales pueden fortalecer el aprendizaje y establece como objetivo desarrollar habilidades para utilizarlas responsablemente. Al mismo tiempo, la SEP reconoce que el uso de dispositivos, redes sociales y algoritmos plantea problemas de concentración, hábitos y bienestar que requieren nuevas reglas.
Por eso, una escuela sí puede ordenar el uso del celular durante sus actividades, pero la regulación nacional que se discute tendrá que responder algo mucho más complejo: cuándo limitarlo, quién puede hacerlo, cuáles serán las excepciones y qué garantías deben conservar estudiantes y familias.
La discusión tendrá un momento importante inmediatamente después de esta edición de El Universal: el 19 de agosto de 2026 comienza en Nuevo León uno de los foros regionales anunciados por la SEP, al que seguirán Chiapas y Guerrero.
Hasta que ese proceso produzca reglas definitivas, conviene desconfiar de dos extremos: ni el celular es un derecho ilimitado dentro del salón, ni cualquier restricción inventada por una escuela se convierte automáticamente en una norma nacional.
Deja un comentario