La segunda elección judicial federal ya no se celebrará en 2027. Una reforma constitucional publicada en junio movió a 2028 la renovación de los cargos judiciales que quedaron pendientes en 2025 y las vacantes que se generen. El cambio respondió, entre otras razones, a un problema de dimensiones: realizarla junto con las elecciones ordinarias de 2027 habría obligado al INE a enfrentar una operación extraordinaria, con hasta 354 mil casillas, alrededor de tres millones de funcionarios de casilla y 985 millones de boletas.
Por eso hay que hacer una precisión frente a las primeras proyecciones que circularon sobre la elección judicial de 2027: ese escenario cambió. Lo que sí comenzará en 2027 será la preparación de la elección judicial de 2028, cuando deberán renovarse 853 cargos judiciales federales y 3 mil 255 locales, para un total estimado de 4 mil 108 cargos judiciales.
Primero: ¿no iba a celebrarse en 2027?
Originalmente, sí.
La reforma judicial había establecido una segunda etapa para renovar los cargos que no fueron sometidos a votación en la elección extraordinaria de 2025.
Pero el calendario cambió.
El INE advirtió que organizar simultáneamente las elecciones ordinarias de 2027 y la elección judicial representaba un problema operativo de enorme magnitud.
Después de la reforma constitucional publicada el 2 de junio de 2026, los cargos judiciales pendientes fueron trasladados a 2028.
Eso significa que actualmente hablar de la “elección judicial de 2027” puede llevar a confusión.
En 2027 comenzará su organización.
La votación será en 2028.
¿Por qué se decidió aplazarla?
Porque el escenario originalmente previsto podía convertirse en la elección más compleja que hubiera organizado el INE.
En mayo, el Instituto entregó a la Cámara de Diputados un diagnóstico técnico para justificar el aplazamiento.
Si ambos procesos se hubieran celebrado simultáneamente, calculaba que sería necesario:
| Operación proyectada | Magnitud |
|---|---|
| Casillas | 354 mil |
| Funcionarios de casilla a capacitar | 3 millones |
| Boletas | 985 millones |
| Candidaturas a fiscalizar | 55 mil |
| Supervisores y capacitadores electorales | cerca de 100 mil |
Las cifras permiten entender el problema.
No se trataba únicamente de imprimir unas cuantas boletas judiciales adicionales.
Era prácticamente montar dos enormes operaciones electorales simultáneas.
¿Por qué 354 mil casillas?
Porque la elección ordinaria y la judicial tenían necesidades operativas diferentes.
Para las elecciones ordinarias de 2027, el INE proyecta aproximadamente 176 mil 741 casillas, frente a las 170 mil 181 instaladas en 2024.
La intención de celebrar paralelamente el proceso judicial implicaba una operación adicional que habría elevado extraordinariamente el número total de puntos de votación.
Ahí apareció una de las principales razones para modificar el calendario:
¿tenía sentido duplicar buena parte de la infraestructura electoral en un mismo año?
El diagnóstico del INE concluyó que existían riesgos de saturación y duplicidad operativa.
¿Por qué no podían utilizarse simplemente las mismas casillas?
Porque ambas elecciones tienen características diferentes.
En una elección convencional, el ciudadano puede votar por:
diputados;
gobernador;
alcalde;
legisladores locales.
La elección judicial incorpora una lógica distinta:
más cargos + más candidaturas + boletas diferentes + cómputos específicos.
Eso implica también:
capacitación diferenciada;
material electoral adicional;
sistemas informáticos;
mecanismos de recolección;
fiscalización;
cómputos.
El propio INE advirtió sobre la duplicidad que habría sido necesaria en reglas, sistemas y procesamiento de resultados.
¿Cuántos cargos judiciales se elegirán ahora?
La previsión presentada por el INE contempla para 2028:
853 cargos judiciales federales
más
3 mil 255 cargos judiciales locales.
Total:
4 mil 108 cargos judiciales.
Esto es fundamental porque la próxima elección ya no será solamente un asunto federal.
La dimensión local multiplicará considerablemente el número de puestos sometidos al voto.
¿Por qué será más grande que la elección judicial de 2025?
Porque la de 2025 fue solamente la primera etapa.
La reforma judicial estableció una renovación escalonada de los cargos.
La próxima jornada deberá atender los puestos federales que quedaron pendientes y, además, una enorme cantidad de elecciones judiciales locales.
Por eso el INE habla de 25 elecciones judiciales locales que comenzarán a organizarse desde 2027.
La diferencia puede resumirse así:
2025 = primera etapa extraordinaria.
2028 = segunda renovación federal + gran despliegue judicial local.
¿Cuánto costará?
Aquí hay que separar tres cifras.
1. Presupuesto total solicitado por el INE para 2027
El anteproyecto integral asciende a aproximadamente:
47 mil 700 millones de pesos.
Pero esa cifra no es el costo de la elección judicial.
Incluye operación del INE, procesos electorales, financiamiento de partidos y una previsión precautoria para eventuales ejercicios de participación ciudadana.
¿Cómo se distribuyen esos 47 mil 700 millones?
Dentro del anteproyecto aparecen:
31 mil 431.9 millones de pesos para el presupuesto base y proyectos del INE;
10 mil 842.7 millones aproximadamente para financiamiento público de partidos y candidaturas independientes;
y alrededor de
4 mil 700 millones como presupuesto precautorio.
Por tanto, decir:
“La elección judicial costará 47 mil 700 millones”
sería incorrecto.
Ese dinero financia muchas otras responsabilidades.
¿Cuánto corresponde a organizar elecciones?
El INE presupuestó 17 mil 395.7 millones de pesos dentro de su Cartera Institucional de Proyectos.
Ese dinero servirá para atender los procesos electorales de 2027 y comenzar la preparación de los que arrancan ese mismo año para 2028.
Pero nuevamente:
tampoco esos 17 mil 395 millones corresponden exclusivamente a la elección judicial.
En 2027 el Instituto tendrá que atender, entre otras cosas:
la renovación de la Cámara de Diputados;
32 procesos electorales locales concurrentes;
17 gubernaturas;
y el inicio de procesos correspondientes a 2028.
Entonces, ¿ya sabemos cuánto costará exclusivamente elegir jueces?
No.
Ésta es probablemente la precisión más importante de toda la discusión.
Todavía no existe un monto final aprobado para la organización completa de la elección judicial de 2028.
Lo que existe actualmente es:
una previsión presupuestaria para comenzar a prepararla durante 2027.
El costo completo deberá incorporar los recursos que se asignen para 2028, cuando efectivamente se realice la jornada electoral.
¿Por qué cuesta dinero organizar una elección un año antes?
Porque las elecciones no comienzan el día que aparecen las urnas.
Antes hay que:
diseñar procedimientos;
instalar órganos electorales;
actualizar sistemas;
planear materiales;
preparar fiscalización;
capacitar personal;
establecer coordinación con autoridades locales;
elaborar calendarios;
emitir lineamientos.
De hecho, el INE explicó que los procesos judiciales de 2028 deberán comenzar a prepararse desde septiembre de 2027.
Por eso una parte del costo aparecerá presupuestariamente un año antes de la votación.
¿Quién decidirá finalmente cuánto dinero recibe el INE?
La Cámara de Diputados.
El INE tiene autonomía para elaborar su anteproyecto y justificar cuánto considera necesario.
Pero no tiene la última palabra.
La Cámara de Diputados tiene la facultad constitucional de aprobar el Presupuesto de Egresos y, por tanto, puede modificar la cantidad solicitada por el Instituto.
El proceso funciona, simplificado, así:
INE calcula → Ejecutivo integra → Cámara de Diputados revisa → diputados aprueban el presupuesto final.
¿Los 31 mil 431 millones ya están aprobados definitivamente?
No como gasto federal definitivo.
El Consejo General del INE aprobó el anteproyecto por 31 mil 431 millones 887 mil 800 pesos y lo remitirá para incorporarlo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Todavía falta la decisión presupuestaria de la Cámara de Diputados.
Por eso debemos distinguir entre:
dinero solicitado
y
dinero finalmente autorizado.
¿Por qué el INE pide tanto dinero en 2027 si ya no habrá elección judicial ese año?
Porque 2027 seguirá siendo electoralmente gigantesco.
Se renovarán 500 diputaciones federales.
Habrá elecciones locales concurrentes.
Estarán en juego 17 gubernaturas.
Habrá elecciones de congresos locales y ayuntamientos.
Y al mismo tiempo comenzará la preparación de los procesos judiciales y locales correspondientes a 2028.
El INE calcula que en 2027 deberá garantizar elecciones para alrededor de:
20 mil 109 cargos de elección popular.
Y estima fiscalizar aproximadamente:
203 mil 138 candidaturas propietarias.
¿Cuántas personas podrán votar?
El INE proyecta una Lista Nominal de aproximadamente:
102 millones de electores.
Para 2024 eran alrededor de 98 millones.
El crecimiento poblacional también aumenta las necesidades operativas.
Más electores significa:
más casillas;
más funcionarios;
más materiales;
más capacitación;
más logística.
¿Cuántas casillas habrá en 2027?
El cálculo actual es de:
176 mil 741 casillas.
En 2024 se instalaron:
170 mil 181.
Es decir, aproximadamente 6 mil 560 casillas adicionales.
Pero no debe confundirse esa cifra con las 354 mil casillas que aparecieron anteriormente.
Las 354 mil correspondían al escenario extraordinario estudiado cuando todavía se contemplaba celebrar simultáneamente las elecciones ordinarias y judiciales en 2027.
Ese escenario fue precisamente uno de los argumentos para mover la elección judicial.
¿Qué habría pasado si no se aplazaba?
México habría tenido que organizar en el mismo periodo:
elecciones federales ordinarias;
elecciones estatales;
17 gubernaturas;
elecciones municipales;
elección judicial federal;
elecciones judiciales locales.
El INE advirtió que eso podía generar saturación en las casillas y problemas en:
sistemas informáticos;
capacitación;
procesamiento de resultados;
fiscalización;
recolección de paquetes;
cómputos.
El problema, por tanto, no era únicamente financiero.
También era operativo.
¿Qué tiene que ver la participación ciudadana?
Mucho.
La primera elección judicial de 2025 tuvo una participación considerablemente menor que una elección presidencial.
Una segunda elección con cientos o miles de cargos, numerosas boletas y una jornada simultánea con elecciones convencionales planteaba una pregunta:
¿cuánto puede pedirle el sistema electoral a un ciudadano en una sola casilla?
El INE argumentó que separar los procesos podría facilitar los mecanismos de votación y contribuir a mejorar la participación.
¿La elección de 2028 será necesariamente más cara que la de 2025?
No puede afirmarse todavía una cantidad exacta ni garantizarse que cada componente del gasto será mayor.
Pero sí existen factores que apuntan hacia una operación de mayor dimensión:
más cargos involucrados;
procesos judiciales locales;
más electores;
mayor despliegue territorial;
más necesidades de fiscalización y coordinación.
El número definitivo dependerá de cómo se diseñe la elección y del presupuesto que apruebe la Cámara de Diputados.
¿Qué puede hacer que el costo suba?
Principalmente cinco variables:
1. Número de casillas.
Cada casilla requiere materiales, funcionarios y logística.
2. Número de boletas.
Más cargos pueden significar más documentos electorales.
3. Número de candidaturas.
El INE debe fiscalizar recursos y actividades.
4. Personal temporal.
Supervisores y capacitadores representan una parte importante de la operación.
5. Sistemas y cómputos.
La elección judicial requiere procesamiento y presentación de resultados distintos de una elección convencional.
¿Qué puede hacer que baje?
Separar los procesos ya elimina parte de la duplicidad que preocupaba al INE.
También podrían generarse ahorros mediante:
casillas compatibles con el modelo que finalmente se apruebe;
digitalización;
reutilización de infraestructura;
mejor coordinación con organismos electorales estatales;
simplificación de materiales.
Pero cualquier ahorro tendrá que respetar las obligaciones constitucionales del Instituto.
¿El costo de los partidos está incluido en la elección judicial?
No debe mezclarse.
Para 2027 se proyectan aproximadamente 10 mil 842.7 millones de pesos de financiamiento público para partidos y candidaturas independientes.
Ese dinero corresponde al sistema de partidos y a las elecciones ordinarias.
No debe presentarse como costo de elegir jueces.
De hecho, una de las características particulares del modelo judicial es precisamente que las candidaturas judiciales no funcionan como candidaturas postuladas convencionalmente por partidos políticos.
¿Qué son los 4 mil 700 millones precautorios?
Tampoco corresponden a la elección judicial.
Son una reserva presupuestaria solicitada para que el INE pueda responder si debe organizar una eventual:
Consulta Popular
o
Revocación de Mandato.
Si esos ejercicios no ocurren, ese dinero no debe confundirse con gasto ordinario de las elecciones de 2027.
Las cifras que no deben confundirse
| Cifra | ¿Qué significa? |
|---|---|
| $47.7 mil millones | Anteproyecto integral del INE incluyendo partidos y previsión precautoria |
| $31.432 mil millones | Presupuesto base + proyectos solicitado por el INE |
| $17.396 mil millones | Cartera de proyectos para procesos electorales y otras tareas estratégicas |
| $10.843 mil millones | Financiamiento público de partidos y candidaturas independientes |
| $4.7 mil millones | Reserva precautoria para eventual consulta/revocación |
| 354 mil casillas | Escenario descartado de elecciones ordinarias + judiciales simultáneas |
| 176,741 casillas | Proyección para la jornada electoral ordinaria de 2027 |
| 4,108 cargos judiciales | Cargos federales y locales previstos para renovarse en 2028 |
¿Qué está realmente confirmado?
| Afirmación | Situación |
|---|---|
| Habrá una segunda elección judicial | Sí |
| Se realizará en 2027 | No; fue aplazada a 2028 |
| Su preparación comenzará en 2027 | Sí |
| Se prevén 853 cargos judiciales federales | Sí |
| Se prevén 3,255 cargos judiciales locales | Sí |
| En conjunto suman 4,108 cargos | Sí |
| La elección judicial costará $47.7 mil millones | No |
| Ya conocemos el costo final exclusivo de la elección judicial de 2028 | No |
| El INE ya presupuestó trabajos preparatorios | Sí |
| El escenario original para 2027 requería hasta 354 mil casillas | Sí |
| Ese escenario sigue vigente | No |
| El INE decide por sí solo su presupuesto definitivo | No; la Cámara de Diputados aprueba el gasto |
Entonces, ¿cuánto costará?
La respuesta responsable hoy es:
todavía no lo sabemos.
Existe un anteproyecto de gasto para 2027 que incluye la preparación del proceso judicial de 2028, pero no existe todavía una cifra final que pueda presentarse como “el costo de la segunda elección judicial”.
El dato importante por ahora es otro.
La dimensión prevista obligó a modificar el calendario constitucional.
Cuando el INE calculó qué significaría juntar la elección judicial con las ordinarias de 2027, llegó a un escenario de 354 mil casillas, tres millones de funcionarios, 985 millones de boletas y 55 mil candidaturas judiciales por fiscalizar.
La próxima elección judicial será mayor que la primera no simplemente porque haya “más jueces en la boleta”.
El sistema tendrá que organizar la renovación de 4 mil 108 cargos judiciales federales y locales, coordinar procesos en buena parte del país y preparar una operación electoral distinta de las elecciones tradicionales.
La complejidad llegó a tal punto que el calendario tuvo que cambiar.
La elección prevista para 2027 fue trasladada a 2028 para evitar que coincidiera con una jornada en la que también estarán en juego la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales.
Por eso, antes de afirmar que la segunda elección judicial “costará X miles de millones”, hay que esperar el presupuesto específico de 2028.
Lo que ya sabemos es que será una operación electoral de miles de cargos y alcance nacional; lo que todavía falta saber es cuánto terminará pagando el erario por llevarla a las urnas.
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