Dirigentes políticos intentan crear nuevas organizaciones para acceder al financiamiento público anual que recibe un partido nacional.
A pocos días de iniciar 2026, actores políticos conocidos por haber perdido su registro buscan nuevamente crear un partido político que les permita acceder al financiamiento público destinado a los partidos nacionales, una bolsa anual que supera los 7,354 millones de pesos asignados para actividades ordinarias, campañas y capacitación política en 2025, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE).
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En la recta final del proceso federal para la constitución de organizaciones con pretensiones de convertirse en partido, de 89 asociaciones interesadas solo dos permanecen en contienda, pero una de ellas ha generado particular atención: Construyendo Sociedades de Paz A.C. (CSP), impulsada por figuras asociadas al extinto Partido Encuentro Social (PES), como Hugo Eric Flores, fundador y exdirigente del PES, actualmente diputado federal por Morena.
El PES perdió su registro nacional en dos ocasiones por falta de votos, pese a que en el periodo 2015-2021 recibió más de mil 144 millones de pesos en recursos públicos. Hoy, con caras conocidas y nuevas siglas, el equipo detrás de CSP intenta nuevamente obtener el registro con la expectativa de participar en el reparto de la millonaria bolsa que ofrece la ley a los partidos políticos.
Para lograrlo, la organización ya ha cumplido con varios requisitos legales: según cifras del INE con corte al 21 de diciembre de 2025, CSP ha celebrado 276 asambleas locales —76 más de las 200 requeridas por la ley— y suma 197, 705 afiliaciones de las 256, 030 necesarias para completar el umbral mínimo de afiliados exigido por la normativa electoral. El plazo para cumplir con ambos requisitos vence el 15 de enero de 2026.
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La estrategia de resurgir bajo nuevas siglas ha sido objeto de críticas por parte de expertos y analistas, quienes señalan que se trata de un “reciclaje político” de los mismos actores bajo un nuevo vestuario partidista, con la clara motivación de recuperar acceso a jugosas prerrogativas públicas, aunque la reforma electoral que se discute en el Congreso podría elevar los requisitos y cerrar ese tipo de puertas giratorias.