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¿Qué buscan los morenistas con la eliminación del fuero y qué implicaciones tiene?

Créditos: Cámara de Diputados

La bancada de Morena impulsa una iniciativa para acabar con la inmunidad constitucional de legisladores y gobernadores, en medio de debates sobre privilegios y rendición de cuentas.

La diputación federal de Morena presentó y empuja una nueva iniciativa de reforma constitucional que propone eliminar el fuero constitucional para diputados federales y locales, así como para gobernadores, con el argumento de que la figura actual se ha convertido en una fuente de privilegios, impunidad y desconfianza entre la ciudadanía.

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El principal impulsor de esta iniciativa es el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ha señalado que el fuero constitucional, concebido originalmente para proteger la libertad de expresión y evitar persecuciones políticas, ha sido utilizado en varias ocasiones como un escudo para evadir la justicia penal o administrativa por parte de servidores públicos.

En el texto de su propuesta, se plantea que al eliminarse el fuero para legisladores y gobernadores éstos puedan ser sujetos de proceso penal en caso de haber cometido delitos, sin necesidad de procedimientos previos de desafuero, lo que, según sus promotores, reforzaría la responsabilidad y la igualdad ante la ley.

El documento de la iniciativa menciona casos de exfuncionarios como Francisco García Cabeza de Vaca (PAN) y Javier y César Duarte (PRI) como ejemplos donde el fuero funcionó como un “obstáculo” para que la justicia actuara con rapidez.

La propuesta ha generado debate político: algunos sectores del oficialismo la respaldan como un paso hacia una mayor rendición de cuentas y contra la impunidad, mientras que otros actores políticos y aliados tienen dudas o reservas sobre cómo se armonizaría con la inmunidad parlamentaria tradicional que protege la expresión y el voto legislativo.

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Además, el paquete de reformas constitucionales que Morena planea someter al Congreso para el primer periodo ordinario de sesiones 2026 —del 1 de febrero al 30 de abril— incluye, junto con la eliminación del fuero, temas como ajustes a la reforma electoral y cambios a la consulta de revocación de mandato, lo que coloca al fuero en un contexto más amplio de transformación legal y político-electoral.

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