La Fiscalía mexiquense confirmó que predios utilizados por líderes del grupo criminal fueron incautados en el marco de la “Operación Bastión”, en un golpe a sus estructuras de poder y financiamiento.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que logró asegurar 21 inmuebles presuntamente vinculados a la organización criminal La Familia Michoacana, como parte de la estrategia para desarticular sus redes de operación y debilitarlas en el territorio mexiquense.
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Los aseguramientos son producto de la denominada “Operación Bastión”, un operativo coordinado en seis municipios al sur de la entidad que incluyó medidas de inteligencia, cateos y la intervención judicial de ranchos, casas, bodegas y fincas que, según las autoridades, eran utilizadas por miembros del narcotráfico para resguardo, seguridad, coordinación de actividades delictivas y logística criminal.
Los 21 inmuebles están ubicados en los municipios de Amatepec, Luvianos, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec y Tlatlaya, zonas consideradas históricamente como corredores operativos de grupos del crimen organizado. Las autoridades señalaron que muchos de estos bienes tenían acabados de lujo, amplias instalaciones y características que no correspondían con las actividades lícitas de sus presuntos ocupantes, lo que generó sospechas sobre su origen y uso.
Entre los predios asegurados se encuentran ranchos con piscinas, lagos artificiales, canchas deportivas, sistemas de energía y antenas de comunicaciones satelitales, así como residencias con más de 15 habitaciones, estructuras que presuntamente fungían como casas de seguridad o puntos de reunión y logística para operaciones ilícitas.
La investigación apunta a que estos bienes estaban registrados formalmente a nombre de prestanombres, lo que habría sido una estrategia para ocultar su vinculación real con líderes del grupo criminal, incluidos los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Fresa y El Pez, quienes han sido identificados por autoridades como objetivos prioritarios con órdenes de aprehensión vigentes.
Efectos y próximos pasos legales
La Fiscalía indicó que, tras el aseguramiento, se busca formalizar procesos de extinción de dominio para que estos bienes pasen a ser propiedad del Estado de México y no puedan volver a ser utilizados para fines delictivos, como ya ha ocurrido con algunos ranchos donde se dictó esa medida.
Además de las acciones de aseguramiento, los agentes ministeriales continuarán con indagatorias complementarias, recopilación de evidencias y posibles órdenes de aprehensión adicionales contra personas relacionadas con estas propiedades y con actividades delictivas como tráfico de drogas, extorsión y secuestro en la región.