Carlos Alberto Ulloa Pérez, actual director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), reportó en sus declaraciones patrimoniales la compra de dos departamentos pagados de contado entre 2020 y 2023 por un valor conjunto de 22.45 millones de pesos. La revelación provocó cuestionamientos de la oposición sobre la evolución de su patrimonio, mientras el funcionario sostiene que los recursos provinieron de ingresos, venta de inmuebles, herencias familiares y ahorros acumulados durante casi tres décadas. Claudia Sheinbaum afirmó que las operaciones están declaradas y son legales.
¿Qué compró Carlos Ulloa?
De acuerdo con la información publicada a partir de sus declaraciones patrimoniales, Ulloa adquirió dos inmuebles en un periodo de aproximadamente cuatro años.
La primera operación se realizó el 24 de febrero de 2020, cuando se desempeñaba como secretario particular de Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
El departamento tenía una superficie de 123 metros cuadrados y fue reportado con un valor de:
7 millones 450 mil pesos.
La forma de adquisición asentada fue de contado.
La segunda compra ocurrió el 11 de diciembre de 2023, cuando Ulloa ya era secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.
En esa ocasión adquirió un departamento de 236 metros cuadrados, también pagado de contado, por:
15 millones de pesos.
En conjunto:
22 millones 450 mil pesos.
¿Por qué las compras generaron cuestionamientos?
El punto central no es que un funcionario público tenga prohibido comprar propiedades.
No existe una prohibición general de ese tipo.
La controversia surgió por la combinación de tres elementos:
el monto;
la forma de pago de contado;
y los ingresos públicos reportados durante esos años.
El Universal señaló que, considerando únicamente determinados salarios públicos reportados en ese periodo, la adquisición del segundo inmueble por 15 millones de pesos plantea preguntas sobre el origen completo de los recursos utilizados.
Pero esto requiere una precisión fundamental:
comparar el precio de una propiedad solamente contra el salario mensual no permite concluir automáticamente que exista una irregularidad.
Una persona también puede financiar una compra con:
ahorros anteriores;
venta de otros bienes;
herencias;
ingresos privados;
rendimientos;
patrimonio acumulado.
Y eso es precisamente lo que Ulloa argumentó después.
¿Qué respondió el director de Birmex?
Carlos Ulloa difundió una aclaración pública después de conocerse la información.
Afirmó que los recursos utilizados para adquirir los inmuebles provinieron de:
- ingresos;
- venta de inmuebles;
- herencias familiares recibidas hace aproximadamente 20 años;
- ahorros acumulados durante casi tres décadas de actividad pública y privada.
También sostuvo que ambos departamentos fueron incluidos en sus declaraciones patrimoniales y están sujetos a los mecanismos oficiales de revisión.
Su argumento central es:
no existió ocultamiento.
Que los bienes estén declarados es un dato relevante porque permite a las autoridades contrastar su evolución patrimonial.
Pero estar declarado y demostrar el origen de todos los recursos son cuestiones relacionadas, aunque jurídicamente distintas.
¿Qué significa que una propiedad aparezca en una declaración patrimonial?
Los servidores públicos están obligados a informar determinados bienes, ingresos, inversiones y modificaciones de su patrimonio.
Una declaración patrimonial permite conocer, entre otros elementos:
inmuebles;
vehículos;
inversiones;
cuentas;
adeudos;
ingresos.
El objetivo es que la autoridad pueda detectar cambios que eventualmente resulten incompatibles con los ingresos lícitos conocidos del funcionario.
Por eso, que Ulloa haya reportado ambas propiedades es importante.
Significa que las compras no fueron descubiertas como bienes ocultos fuera de sus declaraciones, según la información difundida hasta ahora.
¿Que estén declaradas significa automáticamente que todo sea legal?
No necesariamente.
Declarar un bien cumple una obligación de transparencia patrimonial.
Pero una revisión patrimonial puede analizar además:
de dónde vino el dinero;
si los ingresos coinciden con lo declarado;
si existieron ventas anteriores;
si las herencias están documentadas;
si hubo créditos;
si existe consistencia fiscal.
Del mismo modo, una diferencia aparente entre salario y patrimonio tampoco prueba automáticamente enriquecimiento ilícito.
Por eso la pregunta correcta no es simplemente:
¿cuánto ganaba?
Sino:
¿puede documentarse el origen lícito de los 22.45 millones de pesos?
Ulloa afirma que sí.
Hasta ahora no existe una resolución de autoridad que determine lo contrario.
¿Qué dijo Claudia Sheinbaum?
La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el asunto el 3 de septiembre.
Respondió que los departamentos están incluidos en la declaración patrimonial del funcionario y afirmó:
“Todo es legal”.
La Presidenta respaldó la explicación de Ulloa y señaló que las operaciones estaban declaradas.
Sin embargo, una declaración presidencial tampoco sustituye una eventual revisión formal de las autoridades competentes.
En términos institucionales, la legalidad patrimonial se determina mediante documentación, fiscalización y, si existe una denuncia, procedimientos administrativos o judiciales.
¿Quién es Carlos Ulloa?
Carlos Alberto Ulloa Pérez es uno de los funcionarios cercanos al proyecto político de Claudia Sheinbaum desde su etapa en la Ciudad de México.
Ha ocupado cargos como:
secretario particular de la Jefatura de Gobierno;
secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX;
y actualmente:
director general de Birmex.
Fue designado al frente de Birmex en abril de 2025, en un contexto especialmente complicado para la empresa estatal debido a problemas relacionados con la compra consolidada de medicamentos.
¿Qué es Birmex y por qué importa quién la dirige?
Birmex significa Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México.
Es una empresa estatal estratégica para el sector salud.
Entre sus tareas están relacionadas con:
medicamentos;
vacunas;
biológicos;
distribución de insumos médicos;
compras del sector público.
Por eso, el patrimonio de su director adquiere una dimensión política adicional.
No porque poseer propiedades implique por sí mismo una irregularidad, sino porque quien encabeza una institución vinculada con compras públicas de gran escala está sujeto a estándares elevados de transparencia.
¿Qué tiene que ver la compra consolidada de medicamentos?
Ulloa asumió Birmex después de una de las mayores controversias recientes de la institución.
En 2025 se canceló una compra consolidada de medicamentos después de detectarse posibles sobreprecios por aproximadamente 13 mil millones de pesos, según información pública difundida entonces.
Eso coloca a Birmex bajo una vigilancia política y administrativa particularmente intensa.
Por eso cualquier información patrimonial relevante de su director provoca inmediatamente cuestionamientos adicionales.
Pero una cosa debe separarse de otra:
los problemas de contratación de Birmex no prueban ninguna irregularidad patrimonial de Ulloa.
Son asuntos distintos.
¿Cuánto ganaba Ulloa cuando compró los departamentos?
Las publicaciones que originaron la polémica señalan que los cargos públicos desempeñados durante esos años tenían remuneraciones inferiores a los montos necesarios para comprar esos inmuebles únicamente con salarios corrientes.
Algunos cálculos periodísticos señalaron que para reunir 15 millones de pesos en aproximadamente tres años habría sido necesario ahorrar más de 400 mil pesos mensuales, suponiendo además que no existiera ningún gasto personal.
Pero ese cálculo funciona solamente como ilustración.
No demuestra una irregularidad porque parte de una hipótesis:
que todo el dinero tenía que provenir exclusivamente de su salario en esos tres años.
Ulloa sostiene precisamente que eso no ocurrió.
Afirma que utilizó patrimonio acumulado previamente.
¿Qué tendría que comprobar para despejar las dudas?
Una revisión patrimonial podría buscar documentos sobre:
Herencias
Testamentos, adjudicaciones o instrumentos notariales.
Venta de inmuebles
Escrituras y comprobantes de las operaciones.
Ahorros
Estados de cuenta e inversiones.
Ingresos privados
Declaraciones fiscales y documentación correspondiente.
Compras
Contratos y escrituras que indiquen forma y fecha de pago.
Si esos documentos respaldan los recursos declarados, la diferencia entre el salario del momento y el precio de los departamentos puede tener una explicación patrimonial legítima.
Además de los departamentos, ¿qué se publicó sobre sus viajes?
La información difundida también incluyó registros migratorios.
Según El Universal, Ulloa acumuló al menos 19 movimientos internacionales entre abril de 2022 y abril de 2026, con destinos como:
Nueva York;
Miami;
Londres;
Montreal;
Madrid;
Roma;
Medellín.
El funcionario respondió que sus viajes privados fueron realizados durante vacaciones o días de descanso y pagados con recursos personales.
También señaló que un viaje oficial reciente a Brasil estuvo relacionado con actividades de cooperación en producción de biológicos y transferencia tecnológica.
¿Viajar mucho es una irregularidad?
No.
El número de viajes por sí solo no demuestra ninguna conducta ilegal.
Lo relevante sería conocer:
quién pagó;
si fueron oficiales o privados;
si fueron reportados cuando correspondía;
si hubo recursos públicos involucrados;
si existió algún conflicto de interés.
Si fueron viajes personales pagados con recursos propios, como sostiene Ulloa, la frecuencia de los viajes no constituye por sí misma una irregularidad.
¿Qué pidió la oposición?
El caso rápidamente llegó al Congreso.
Legisladores del PAN solicitaron una investigación patrimonial y auditorías relacionadas con Ulloa.
También plantearon que autoridades como la:
Auditoría Superior de la Federación;
Unidad de Inteligencia Financiera;
Fiscalía General de la República
revisen distintos aspectos del caso.
Por su parte, legisladores del PRI plantearon pedir su comparecencia.
Esto debe entenderse correctamente:
una petición de investigación no significa que una irregularidad ya haya sido acreditada.
Es una solicitud política para que las instituciones revisen la información.
¿Qué podría investigar la autoridad?
Dependiendo de las denuncias que eventualmente se presenten y de sus competencias, podrían revisarse cuestiones como:
evolución patrimonial;
ingresos declarados;
operaciones inmobiliarias;
situación fiscal;
posibles conflictos de interés;
origen de recursos.
Pero hasta ahora, la información pública consultada no muestra una resolución oficial que determine enriquecimiento ilícito u otra conducta ilegal en esas compras.
¿Comprar de contado genera automáticamente sospechas legales?
No.
“De contado” significa que la operación fue cubierta sin un crédito hipotecario reportado como forma principal de financiamiento.
Legalmente una persona puede comprar de contado si dispone de recursos lícitos.
Lo que puede generar interés fiscal o patrimonial en un servidor público es que la operación sea muy superior a sus ingresos aparentes.
La cuestión entonces no es la forma de pago.
Es el:
origen de los recursos.
¿Qué diferencia existe entre inconsistencia patrimonial y enriquecimiento ilícito?
Es una distinción fundamental.
Inconsistencia patrimonial
Puede aparecer cuando los bienes conocidos parecen no coincidir inicialmente con los ingresos reportados.
Eso requiere explicación y revisión.
Enriquecimiento ilícito
Implica una figura jurídica mucho más grave y requiere acreditar que un servidor público incrementó su patrimonio de manera que no puede justificar legítimamente.
No puede inferirse únicamente porque un funcionario posea propiedades costosas.
Tiene que probarse.
¿Qué sabemos realmente del caso?
| Dato | Situación |
|---|---|
| Ulloa adquirió dos departamentos | Reportado en sus declaraciones patrimoniales |
| Valor conjunto: 22.45 mdp | Sí |
| Primera compra: 7.45 mdp | Sí |
| Segunda compra: 15 mdp | Sí |
| Ambas fueron reportadas de contado | Sí |
| Los bienes estaban declarados | Sí, según su declaración patrimonial |
| Ulloa dice que usó ahorros, herencias y venta de bienes | Explicación del funcionario |
| Sheinbaum afirma que todo es legal | Declaración de la Presidenta |
| La oposición pidió investigaciones | Sí |
| Existe una resolución que pruebe enriquecimiento ilícito | No, hasta ahora |
| Los departamentos prueban corrupción | No |
¿Por qué el caso es políticamente relevante?
Porque combina tres temas especialmente sensibles:
austeridad;
patrimonio de altos funcionarios;
administración de recursos públicos.
El gobierno de Morena ha convertido la austeridad republicana en uno de los principios centrales de su discurso.
Eso provoca que las propiedades de alto valor de funcionarios relevantes estén sometidas a un escrutinio público mucho mayor.
Pero austeridad política y legalidad patrimonial no son exactamente lo mismo.
Una persona puede tener un patrimonio considerable acumulado legalmente antes de ocupar determinado cargo.
Por eso el debate político debe separarse del jurídico.
¿Existe contradicción entre tener departamentos caros y defender la austeridad?
Eso pertenece principalmente al terreno político y ético.
La austeridad gubernamental se refiere al uso de recursos públicos y al gasto del Estado.
No significa necesariamente que un funcionario deba carecer de patrimonio privado.
La pregunta legal es:
¿el patrimonio tiene un origen lícito y está correctamente declarado?
La pregunta política es distinta:
¿es coherente determinado estilo de vida con el discurso de austeridad que representa?
Ambas pueden discutirse.
Pero no deben confundirse.
¿Qué tendría que ocurrir para que el asunto pase de polémica a caso jurídico?
Sería necesario que una autoridad competente:
reciba una denuncia;
abra una investigación;
requiera documentación;
identifique una inconsistencia;
y determine que existe una conducta sancionable.
Mientras eso no ocurra, estamos ante:
una revelación patrimonial,
una explicación del funcionario,
cuestionamientos políticos,
y solicitudes de investigación.
No ante una sentencia.
La información conocida sobre Carlos Ulloa plantea una pregunta legítima de transparencia:
¿cómo se financiaron dos departamentos pagados de contado por 22.45 millones de pesos?
El funcionario ya dio una respuesta.
Sostiene que el dinero provino de ingresos, venta de propiedades, herencias y ahorros acumulados durante casi tres décadas, y recuerda que ambos inmuebles fueron incluidos en sus declaraciones patrimoniales.
Claudia Sheinbaum lo respaldó y afirmó que las operaciones son legales.
La oposición considera que esa explicación no basta y quiere que distintas autoridades revisen formalmente la evolución de su patrimonio.
Por ahora, ambas cosas deben mantenerse separadas.
La existencia de propiedades costosas no prueba corrupción; pero que estén declaradas tampoco impide que su origen pueda ser revisado.
En un servidor público, la discusión no debería resolverse calculando únicamente cuánto ganaba al mes ni aceptando sin revisión una explicación política.
La clave es documental:
cuánto tenía antes, cuánto ingresó, qué vendió, qué heredó, cuánto ahorró y si esas operaciones explican de manera verificable los 22.45 millones de pesos utilizados para comprar los dos departamentos.
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