Quien quiera ser presidente de la República, gobernador o jefe de Gobierno de la Ciudad de México tendrá que tener únicamente la nacionalidad mexicana. El Senado aprobó el 29 de septiembre, con 86 votos a favor y 42 en contra, la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora solo falta el aval de los congresos estatales. No aplicará para las gubernaturas de 2027, sino a partir del proceso electoral de 2028.
¿Qué cambia exactamente?
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Quienes aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la capital deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad. Si la tienen, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos. Una vez en el cargo, no podrán adquirir otra nacionalidad ni usar un pasaporte extranjero.
¿A quién no afecta?
La reforma no prohíbe la doble nacionalidad a los mexicanos en general. Tampoco impide que personas con doble nacionalidad ocupen otros cargos públicos o de elección, como diputaciones, senadurías o alcaldías. El requisito aplica solo a los tres cargos ejecutivos más altos.
¿Cómo se votó?
En el Senado votaron a favor Morena, el PT y el Partido Verde; en contra, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Antes, el 22 de septiembre, la Cámara de Diputados la había aprobado con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención.
¿Qué argumentó el oficialismo?
La iniciativa sostiene que quienes encabezan los poderes ejecutivos deben mantener un “vínculo jurídico y político exclusivo con el Estado mexicano”. El senador de Morena Manuel Huerta, presidente de la comisión dictaminadora, afirmó: “Esta reforma no está hecha contra nadie”, y dijo que busca garantizar lealtad institucional en esos cargos.
¿Qué dijo la oposición?
El coordinador del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que “tener otra nacionalidad no convierte a nadie en enemigo de la patria”. La panista Laura Esquivel advirtió que la medida crea mexicanos de segunda clase entre la diáspora. Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, señaló que el registro de un candidato podría depender de los trámites de renuncia ante un gobierno extranjero. La oposición también criticó la rapidez del proceso y la falta de consulta a los mexicanos en el exterior.
¿Qué sigue?
Al tratarse de una reforma constitucional, necesita la aprobación de la mayoría de los congresos locales, es decir, al menos 17 de las 32 legislaturas. Después, el Congreso de la Unión hará la declaratoria y se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Según los transitorios, las nuevas reglas aplicarán a partir del proceso electoral de 2028; la siguiente elección presidencial será en 2030.
Conclusión
Con la mayoría que Morena y sus aliados tienen en los congresos estatales, la ratificación podría concretarse pronto. El debate de fondo seguirá: para el gobierno es una cuestión de soberanía; para la oposición y parte de la diáspora, una restricción a los derechos políticos de los mexicanos que también tienen otra nacionalidad.
Con información de La Razón, La Crónica de Hoy, Amexi, El Imparcial, La Silla Rota e Infobae.