- Estrategia nacional para homologar el delito, agilizar denuncias y promover un cambio cultural
El Gobierno de México presentó este 6 de noviembre de 2025 el Plan Integral contra el abuso sexual, una estrategia que busca reforzar la atención a víctimas, garantizar una sanción homogénea en todo el país y promover un cambio cultural frente a la violencia de género.
La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, declaró que el plan tiene como objetivo que las mujeres y niñas sepan que “no están solas” y que al denunciar obtendrán acompañamiento desde el Estado. Además, hizo un llamado a los hombres a reflexionar sobre conductas machistas normalizadas y a sumarse al esfuerzo para erradicar el abuso sexual.
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Entre las acciones concretas destacan:
- La propuesta de reformar el Código Penal Federal para ampliar la definición de abuso sexual, incluyendo actos como tocamientos, exhibiciones, y actos sexuales sin consentimiento, incluso si no hay cópula. Así, se busca homologar el delito en los 32 estados de la República.
- Que el abuso sexual sea considerado delito grave, lo que permite penas más severas y mejores medidas de protección para las víctimas.
- Simplificación y agilización del proceso de denuncia —incluyendo vías más accesibles y protocolos sensibles al género— con el fin de reducir revictimización.
- Capacitación obligatoria a fiscales, jueces, ministerios públicos y autoridades implicadas en procuración de justicia, para asegurar que los procedimientos se manejen con perspectiva de género.
- Campañas de prevención, concientización y sensibilización social, que incluyen dirigir mensajes también a hombres, en un esfuerzo por transformar las relaciones sociales basadas en igualdad y respeto.
Asimismo, el plan prevé coordinación con los estados para armonizar leyes locales, de modo que las víctimas tengan protección con los mismos estándares sin importar la entidad donde residan.
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En paralelo, las autoridades anunciaron un refuerzo en los mecanismos de acompañamiento a víctimas, la creación de rutas de atención psicológica y legal, y el uso de una línea nacional de denuncia y orientación directa.