Autoridades indagan si la joya recibida y exhibida públicamente constituye un beneficio indebido y posible delito de cohecho.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación en contra de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez (Morena), por el presunto delito de cohecho tras la exhibición pública de un collar de lujo con un valor estimado en más de 227 mil pesos, cuya procedencia y vínculo con su función serán objeto de análisis.
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La denuncia fue presentada ante la Fiscalía el 6 de enero de 2026 por el excandidato a la alcaldía, Ramiro Solorio Almazán, quien también solicitó que López Rodríguez se sepure temporalmente del cargo para enfrentar la investigación sin fuero y sin el uso de recursos públicos.
La pieza en cuestión fue identificada como un collar de la prestigiosa marca Van Cleef & Arpels —particularmente el modelo Alhambra, valuado en alrededor de 227 mil pesos, según lo estimado por medios y fuentes especializadas— y se volvió público luego de que la alcaldesa lo luciera durante eventos y apareciera en fotografías con la joya.
La investigación se abrió bajo el argumento de que los servidores públicos no pueden recibir obsequios considerados de alto valor económico sin que exista transparencia o justificación legal, según lo estipula el Código Penal del estado de Guerrero. En este marco, el delito de cohecho aplica cuando un funcionario recibe indebidamente beneficios, dádivas o regalos ligados —o que puedan interpretarse como ligados— a su cargo.
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Como parte de las diligencias, la Fiscalía solicitó documentación al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para acreditar la calidad de servidora pública de López Rodríguez en el momento de los hechos, y hasta el momento dos testigos han rendido declaración oficial en el marco de la indagatoria.
López Rodríguez ha defendido la procedencia del collar, sosteniendo en declaraciones públicas que se trató de un regalo de simpatizantes o de un cumpleaños y que no representa un acto de corrupción ni un vínculo con sus funciones públicas, versión que será contrastada con las evidencias que recabe la Fiscalía.