Una jueza federal determinó que hay pruebas suficientes para procesar al exgobernador de Chihuahua por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Una juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, por presuntamente haber lavado 73 millones 925 mil 995 pesos que habrían sido desviados del erario estatal a empresas vinculadas a él mismo entre 2011 y 2014. La decisión judicial fue tomada este 14 de diciembre de 2025 en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, tras considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó datos de prueba suficientes.
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De acuerdo con la imputación fiscal, entre junio de 2011 y noviembre de 2014 el Gobierno de Chihuahua transfirió 96.6 millones de pesos a dos compañías —Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM— en las que Duarte era accionista mayoritario. La FGR sostiene que el 76% de esos recursos, equivalentes a 73.9 millones, fue dispersado en al menos ocho operaciones dentro del sistema financiero para ocultar su origen y destino.
Según la Fiscalía, ese dinero fue transferido posteriormente a otras empresas con vínculos con Duarte, como Acala, Pavimentos y Servicios de Parral, Valles Baca Hermanos y compañías de su propiedad como El Saucito de Balleza e Hidroponia de Parral; incluso se menciona que algunos depósitos pudieron haber sido triangulados a su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
La jueza también ratificó la prisión preventiva oficiosa contra Duarte, debido al riesgo de que pudiera obstaculizar la investigación en curso. Además, fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, que vence el 9 de junio de 2026, durante el cual la FGR y la defensa podrán presentar pruebas adicionales antes de una eventual etapa de juicio.
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Duarte ya enfrentaba otros procesos penales desde su extradición a México desde Estados Unidos en junio de 2022, donde fue entregado para responder por cargos de peculado relacionados con desvíos por 96.6 millones de pesos en el fuero común. Con esta nueva vinculación, suma al menos tres procesos: dos por peculado y uno federal por presunto lavado de dinero.
Los abogados defensores aún evalúan si presentarán recursos de apelación o un amparo contra la decisión judicial, aunque el fallo representa uno de los pasos más significativos en el combate a hechos de corrupción ligados a su gestión como mandatario estatal.