De 21 mil 591 denuncias por despojo registradas en la Ciudad de México hasta agosto de 2024, sólo 1.4% habría sido judicializado, de acuerdo con cifras citadas por diputados del PAN. Legisladores atribuyen el rezago a deficiencias en las investigaciones y posibles redes de complicidad, mientras proponen una fiscalía especializada, jueces exclusivos para estos casos y medidas para impedir que un inmueble cambie de propietario mientras se resuelve el juicio.
El problema no termina cuando se presenta la denuncia
Denunciar un despojo no significa que el caso terminará frente a un juez.
Ésa es precisamente la preocupación planteada por diputados locales del PAN y su dirigente capitalina, Luisa Gutiérrez, quienes aseguraron que de 21 mil 591 denuncias por despojo acumuladas hasta agosto de 2024 sólo 1.4% habían sido judicializadas.
En otras palabras, bajo las cifras citadas por los legisladores, apenas alrededor de una de cada 100 denuncias habría avanzado hasta la etapa judicial.
El dato fue publicado por Excélsior en su edición del 11 de agosto de 2026 dentro de un reportaje sobre el rezago en la persecución de este delito y las reformas que la oposición pretende impulsar en el Congreso de la Ciudad de México.
Es importante precisar que la publicación atribuye las cifras a los diputados opositores y no presenta dentro de la nota una base estadística de la Fiscalía que permita reconstruir por separado cuántas denuncias se convirtieron en carpetas, cuántas fueron archivadas y cuántas efectivamente llegaron ante un juez.
¿Qué significa que una carpeta sea judicializada?
Una denuncia inicia la intervención de la Fiscalía, pero no todos los asuntos alcanzan inmediatamente a los tribunales.
Antes de llegar ante un juez deben ocurrir distintas etapas:
- Presentación de la denuncia.
- Integración de la carpeta de investigación.
- Determinación de que los hechos pueden constituir un delito.
- Identificación de posibles responsables.
- Recolección de documentos, testimonios y otros datos de prueba.
- Solicitud de audiencia o de alguna actuación judicial.
- Intervención de un juez.
Por eso existe una diferencia entre denunciar un despojo y que la Fiscalía cuente con elementos suficientes para judicializarlo.
El problema señalado por los legisladores es la magnitud de esa distancia: si el 1.4% citado es correcto, miles de denuncias permanecerían sin alcanzar la etapa en la que un juez puede intervenir.
¿Por qué se atoran tantos casos?
El reportaje plantea varias explicaciones y cuestionamientos, aunque no establece una causa única.
Los diputados denunciaron la existencia de lo que llaman una “Ruta del Despojo”, en la que presuntamente podrían participar funcionarios de diferentes áreas del gobierno.
Federico Döring, diputado federal y vocero panista citado por Excélsior, sostuvo que este delito difícilmente podría consumarse sin la posible intervención o tolerancia de más de una instancia pública.
Entre los puntos señalados aparecen:
- Problemas en la integración de las investigaciones.
- Posibles complicidades de servidores públicos.
- Modificaciones de documentos o antecedentes de propiedad.
- Operaciones posteriores con los inmuebles.
- Dificultades para demostrar rápidamente quién es el legítimo propietario.
- Procesos que pueden prolongarse mientras el afectado permanece fuera de su propiedad.
Las afirmaciones sobre colusión corresponden a señalamientos políticos de los legisladores. La publicación no acredita que exista una red generalizada de funcionarios involucrados en todos los casos de despojo.
El Registro Público aparece en el centro de las críticas
Una de las principales preocupaciones expresadas por el PAN está relacionada con el Registro Público de la Propiedad.
Luisa Gutiérrez pidió que diputados de Morena se involucren también en el análisis del funcionamiento del Registro y mencionó directamente a Héctor Muñoz, a quien atribuyó cuestionamientos de vecinos por presuntamente permitir modificaciones en escrituras.
La dirigente señaló que, si esas acusaciones no son correctas, el funcionario debería aclararlo.
Nuevamente, se trata de un señalamiento político recogido por el periódico. La nota no presenta una resolución administrativa o judicial que pruebe que Muñoz haya participado en operaciones ilegales.
El tema resulta relevante porque modificar los antecedentes registrales de un inmueble puede complicar considerablemente una disputa.
¿Cómo puede complicarse un despojo si el inmueble cambia de propietario?
Los legisladores advierten que una invasión puede convertirse en un problema todavía mayor cuando, mientras se desarrolla el conflicto, aparecen compraventas o modificaciones registrales.
Imagine esta secuencia:
| Etapa | Riesgo para el propietario |
|---|---|
| Una persona ocupa el inmueble | El dueño pierde temporalmente la posesión |
| Aparecen documentos que acreditan otro supuesto derecho | Comienza la disputa jurídica |
| Se intenta modificar el folio real | El problema llega al ámbito registral |
| El inmueble es vendido a un tercero | Aparece un nuevo involucrado |
| Se realizan nuevas operaciones | Recuperar la propiedad se vuelve más complejo |
Por eso una de las iniciativas anunciadas consiste en impedir modificaciones al folio real del inmueble mientras el juicio por despojo no tenga una resolución definitiva.
El objetivo sería evitar compraventas simuladas o movimientos posteriores que compliquen aún más la recuperación.
¿Qué quieren cambiar los diputados?
Los legisladores anunciaron un paquete de iniciativas que pretenden presentar formalmente en el Congreso de la Ciudad de México.
Entre sus propuestas se encuentran:
Tipificar el despojo organizado como delito complejo
La intención es diferenciar un conflicto individual de aquellos casos en los que presuntamente operan varias personas de manera coordinada.
Döring sostuvo que, por el volumen de casos, determinadas modalidades deberían ser tratadas bajo una lógica similar a estructuras organizadas.
La propuesta todavía tendría que convertirse en iniciativa, discutirse y aprobarse. La nota no indica que esa clasificación ya exista en la legislación capitalina.
Congelar temporalmente el folio real
Si existe un juicio por despojo, se propone evitar que el Registro Público modifique los antecedentes del inmueble hasta que el litigio termine.
La finalidad sería cerrar el paso a ventas simuladas o transferencias realizadas mientras la propiedad está en disputa.
Crear una fiscalía especializada
Los diputados proponen una instancia ministerial dedicada específicamente a investigar despojos.
La idea parte de que los casos pueden involucrar:
- Escrituras.
- Antecedentes registrales.
- Contratos.
- Peritajes.
- Sucesiones.
- Testimonios.
- Posesión del inmueble.
- Eventuales falsificaciones.
Crear juzgados especializados
También plantean jueces dedicados específicamente a esta materia para acelerar la atención de los expedientes.
Audiencias urgentes en 72 horas
La propuesta contempla que pudiera realizarse una audiencia judicial urgente dentro de las primeras 72 horas.
Restitución provisional del inmueble
Los legisladores quieren que el juez pueda ordenar que el inmueble sea regresado provisionalmente al legítimo propietario mientras continúa el proceso, cuando existan elementos suficientes.
Estos cambios todavía son propuestas políticas; no son reglas actualmente vigentes por el simple hecho de haber sido anunciadas.
¿Qué está haciendo actualmente la Fiscalía de CDMX?
La misma publicación incluye información reciente proporcionada por la fiscal capitalina, Bertha Alcalde.
Entre el 6 y el 10 de agosto de 2026, la Fiscalía recibió 30 denuncias inicialmente relacionadas con posibles despojos.
En ese periodo:
- Fueron detenidas 21 personas relacionadas con los casos atendidos.
- Se aseguraron cuatro inmuebles.
- De las 30 denuncias recibidas, 18 fueron consideradas hechos correspondientes a otros delitos y no a despojo.
- Otros ocho casos permanecían bajo análisis.
Esto introduce otro factor importante para entender las estadísticas: no todo lo que inicialmente se denuncia como despojo termina jurídicamente clasificado como ese delito.
¿Por qué una denuncia puede terminar siendo otro delito?
Porque lo que una persona percibe inicialmente como despojo puede involucrar hechos jurídicamente diferentes.
Por ejemplo, un expediente podría contener además:
- Falsificación de documentos.
- Fraude.
- Amenazas.
- Daños.
- Conflictos sucesorios.
- Controversias contractuales.
- Ocupaciones cuya naturaleza jurídica debe determinarse.
La nota de Excélsior no especifica qué delitos fueron identificados en los 18 casos reclasificados durante esos cinco días.
Por ello, no puede afirmarse que hayan sido denuncias falsas ni que los afectados carecieran de un problema real; únicamente que la Fiscalía no las consideró despojos bajo la clasificación inicial.
¿Qué pasa con una casa mientras la Fiscalía investiga?
Éste es uno de los puntos más delicados para las víctimas.
El procedimiento penal puede avanzar durante meses mientras el propietario permanece sin controlar el inmueble.
Esa situación puede generar:
- Pérdida de rentas.
- Deterioro de la propiedad.
- Cambios de cerraduras.
- Ocupaciones adicionales.
- Conflictos con vecinos.
- Alteración de servicios.
- Intentos de venta.
- Gastos de abogados.
- Problemas registrales.
Por eso la propuesta de los legisladores busca que exista una decisión temprana sobre la posesión provisional, sin esperar necesariamente hasta que concluya todo el juicio.
El reto sería impedir que esa vía rápida perjudique a quien legítimamente tenga un derecho de posesión distinto al del denunciante.
¿Basta con demostrar que se tiene una escritura?
No siempre.
La propia fiscal Bertha Alcalde aparece citada en otra información de la misma página explicando que a quien demuestre tener la propiedad se le debe restituir, pero también reconoció que cada caso puede tener características distintas.
En una controversia pueden aparecer:
- Propietarios.
- Arrendatarios.
- Herederos.
- Copropietarios.
- Acreedores.
- Instituciones públicas.
- Personas que alegan contratos o derechos previos.
Por eso una escritura es fundamental, pero la autoridad debe revisar el contexto completo antes de determinar quién tiene derecho a ocupar el inmueble.
El caso de Antonio Caso muestra por qué los conflictos pueden durar años
En la misma página, Excélsior recoge el caso de los inmuebles ubicados en Antonio Caso 104 y 108, colonia San Rafael.
Sus propietarios afirmaron haber sido despojados hace 22 años y pidieron que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México les restituyera la propiedad conforme a lo que señalan como una orden judicial.
Bertha Alcalde explicó que, si las personas prueban su propiedad, debe procederse a la restitución.
Sin embargo, también señaló que el INVI había informado que su intervención se originó por solicitudes de habitantes que llevaban años pagando renta, lo que muestra cómo un caso puede incorporar versiones y derechos contrapuestos.
El ejemplo permite entender por qué algunos conflictos inmobiliarios terminan prolongándose durante años: no siempre basta con identificar quién ocupa físicamente el edificio; también debe determinarse qué documentos, contratos y derechos son válidos.
¿El bajo número de judicializaciones significa impunidad?
Puede ser un indicador preocupante, pero el dato por sí solo no permite concluir que 98.6% de los casos hayan quedado impunes.
Para afirmar eso sería necesario conocer qué ocurrió con todas las denuncias:
| Posible resultado | Qué habría que saber |
|---|---|
| Judicialización | El caso llegó ante un juez |
| Archivo temporal | Faltaron elementos para continuar |
| Reclasificación | Los hechos correspondían a otro delito |
| No ejercicio de acción penal | La Fiscalía determinó que no procedía |
| Acuerdo o restitución previa | El conflicto pudo resolverse antes del juicio |
| Investigación abierta | La carpeta continúa en trámite |
| Asunto civil | Pudo determinarse que correspondía a otra vía |
La publicación no ofrece ese desglose.
Por eso, el 1.4% debe utilizarse con precisión: es el porcentaje de judicialización citado por diputados del PAN, no una medición completa de impunidad judicial.
¿Por qué importa que una carpeta llegue ante un juez?
Porque existen decisiones que la Fiscalía no puede resolver por sí sola.
La intervención judicial puede ser necesaria para:
- Vincular a proceso a un imputado.
- Ordenar determinadas medidas.
- Resolver controversias.
- Autorizar actuaciones.
- Imponer sanciones.
- Restituir derechos bajo determinadas condiciones.
Mientras la carpeta permanece exclusivamente en investigación, la víctima puede sentir que presentó la denuncia pero que su situación material sigue exactamente igual.
Ahí se encuentra buena parte del reclamo de los legisladores: la velocidad con la que se denuncia no coincide con la velocidad con la que se resuelve quién puede ocupar legítimamente la propiedad.
Lo publicado y lo que falta comprobar
| Señalamiento | Situación |
|---|---|
| Había 21 mil 591 denuncias por despojo hasta agosto de 2024 | Cifra citada por diputados del PAN en Excélsior |
| Sólo 1.4% habría sido judicializado | Cifra atribuida a los mismos legisladores |
| Existe una “Ruta del Despojo” con participación de funcionarios | Señalamiento político del PAN |
| Funcionarios del Registro Público participan en despojos | No está acreditado de manera general en la publicación |
| Del 6 al 10 de agosto hubo 30 denuncias relacionadas inicialmente con despojo | Información atribuida a la fiscal Bertha Alcalde |
| Fueron detenidas 21 personas | Reportado por la Fiscalía |
| Se aseguraron cuatro inmuebles | Reportado |
| 18 de las 30 denuncias correspondían a otros delitos | Información ofrecida por la Fiscalía |
| Ocho casos seguían en análisis | Confirmado en el informe citado |
| Ya existe una fiscalía especializada en despojo | Los diputados proponen crearla; no se presenta como existente |
| Ya existen juzgados especializados | Es una propuesta |
| La restitución en 72 horas ya es obligatoria | No; forma parte de las iniciativas anunciadas |
| 98.6% de los casos quedan impunes | No puede concluirse sólo a partir del porcentaje de judicialización |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas denuncias por despojo había en CDMX?
Los legisladores citados por Excélsior señalaron que hasta agosto de 2024 existían 21 mil 591 denuncias.
¿Cuántas llegaron a tribunales?
Según la cifra proporcionada por los diputados, solamente 1.4% habían sido judicializadas.
¿Eso equivale aproximadamente a una de cada 100?
Sí. El porcentaje explica la cabeza utilizada por Excélsior, aunque matemáticamente 1.4% equivale a alrededor de 1.4 casos por cada 100.
¿Por qué no todas llegan ante un juez?
La publicación no ofrece una sola explicación. Algunos asuntos continúan bajo investigación, otros pueden corresponder a delitos diferentes y los legisladores denuncian además retrasos y posibles complicidades.
¿Qué propone el PAN?
Crear una fiscalía especializada, juzgados especializados, audiencias urgentes, impedir cambios al folio real mientras existe litigio y establecer mecanismos para devolver provisionalmente el inmueble a su legítimo propietario.
¿Qué es el folio real?
Es el registro individual mediante el cual se concentra información jurídica relevante sobre un inmueble en el Registro Público de la Propiedad.
¿La Fiscalía ya está asegurando propiedades?
Sí. En el periodo del 6 al 10 de agosto reportó cuatro inmuebles asegurados en operaciones vinculadas con los casos atendidos.
¿Una denuncia garantiza que recuperaré mi casa?
No. Será necesario acreditar jurídicamente el derecho sobre el inmueble y seguir el procedimiento que corresponda.
El dato de que sólo 1.4% de las denuncias por despojo habría llegado ante un juez revela el tamaño del cuello de botella que denuncian legisladores capitalinos.
Pero también muestra que el problema es más complejo que abrir una carpeta: hay que determinar si realmente ocurrió un despojo, demostrar quién tiene el derecho sobre la propiedad, investigar a los responsables y evitar que durante ese tiempo el inmueble cambie de manos.
Las propuestas anunciadas buscan acelerar esa cadena mediante fiscales y jueces especializados, protección del folio real y audiencias rápidas.
Falta saber si serán aprobadas y, sobre todo, si resolverían el problema de fondo.
Porque para una víctima de despojo, la estadística importante no es cuántas denuncias recibió la Fiscalía, sino cuánto tiempo tarda el Estado en devolverle una propiedad cuando logra demostrar que legalmente le pertenece.